DOI: https://doi.org/10.15332/s0124-3551.2017.0031.02

Artículo de investigación

Factores asociados a la primera detención enmenores de edad en poblaciones carcelarias. Evidencias para México*

Mario Pavel Díaz Román**

* Una versión acortada y preliminar se presentó como ponencia en la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes en Manizales Colombia en el mes de noviembre de 2016. La ponencia se tituló “Factores de riesgo en población encarcelada antes de su detención, caso mexicano”, en coautoría con María Cecilia Jaramillo Minchel. Citar como: Díaz, M. (2017). Factores asociados a la primera detención en menores de edad en poblaciones carcelarias Evidencias para México. CIFE, 19(31), 41-60. DOI: https://doi.org/10.15332/s0124-3551.2017.0031.02

** Especialista en delincuencia, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México. Correo electrónico: mpdiaz@colmex.mx y mariopaveldr@gmail.co

Recibido: 12 de enero de 2017 - Revisado: 11 de abril de 2017 - Aprobado: 31 de mayo de 2017


Resumen

Se identifican los factores asociados a la primera detención en reclusos mexicanos en penales federales cuando eran menores de edad, a través de la perspectiva teórica del curso de vida y por la técnica de historia de eventos. Los datos provienen de la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social; con ella se obtiene información de los contextos familiar, social, económico y de socialización de los internos que fueron detenidos siendo menores edad. Así, se identifican las características que incrementaron la probabilidad de ser detenido y muestra información relevante para el ulterior diseño de política pública basada en evidencia, puesto que muestra algunos aspectos de atención por las políticas de prevención del delito.

Palabras clave: criminología, curso de vida, historia de eventos, población penitenciaria, primera detención.

Clasificación JEL: K4, K42


Associated Factors to the First Arrest of Prison Populations When They Were Minors. Evidences for Mexico

Abstract

Associated factors to the first arrest of Mexican inmates in federal penitentiaries when they were minors are identified through the theoretical perspective of the life course and the techniques of events history. Data used has been obtained from the First Inmate Population Survey in Federal Social Readaptation Centers, it delivers information about the family, social, economic and socialization contexts of the inmates arrested when they were minors. Thereby, the characteristics that increased the probability of being arrested are identified. The survey also shows relevant information for the subsequent design of public policy based on evidence because it unveils aspects of attention relevant for crime prevention policies.

Keywords: Criminology, life course, events history, prison population, first arrest.

Classification JEL: K4, K42


1. Introducción

Desde finales de la década de 1970 se anunció la crisis del sistema penitenciario a nivel mundial, siendo ejemplar el caso de los Estados Unidos; con 2.3 millones de presos y con una tasa de 720 presos por cada 100 mil habitantes (Garland, 2013), donde las políticas de encarcelamiento masivo (boom carcelario, producto de la guerra contra las drogas desde mediados de la década de 1980), han puesto en duda las funciones del sistema penal en su conjunto y han hecho que este se convierta “en una importante nueva característica de la desigualdad racial y de clase en América” (Petit y Western, 2004, p.152); situación que también se observa en los países latinoamericanos.

En América Latina “el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas intensidades.” (PNUD, 2013, p. 122). Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las cárceles están funcionando:

Permanentemente al límite. Las huelgas, motines e incendios se han convertido en un factor de riesgo para la estabilidad operativa del sistema y para la seguridad de los guardias, de los internos y de quienes circulen en los recintos, como las visitas. Además, tanto el hacinamiento como la falta de control en las cárceles han permitido que en su interior crezcan y se fortalezcan redes criminales desde las cuales se planean extorsiones, secuestros y otros actos violentos.(PNUD, 2013, p.124)

La crisis penitenciaria capta las deficiencias institucionales de las policías y tribunales, siendo el hacinamiento y el abuso de la prisión preventiva (presos sin proceso y sin condena) infausto ejemplo de ello. Como parte de dicha crisis, la hipotética función rehabilitadora de la institución penitenciaria se ha convertido en su opuesto natural: en las cárceles se potencia la violencia (en especial contra las mujeres y poblaciones vulnerables), se establecen redes criminales que eventualmente podrían incrementar la probabilidad de reincidencia una vez en libertad, además de ser un espacio donde la violación a los derechos humanos es recurrente.1 (PNUD, 2013, pp. 122-129.)

En el caso mexicano se puede hablar ya de un boom carcelario.

Tan solo en poco más de diez años la población en prisión se ha duplicado […] México tiene hoy […] una tasa de 250 presos por 100 mil habitantes, mientras que hace doce años tenía una de 100 internos por cada 100 mil. (Bergman , 2007, p.76)

En la Ciudad de México la situación es aún más grave, en once años la población reclusa se incrementó “300 % al pasar de 7700 a 23 mil internos entre 1993 y 2002” (Azaola, 2006, p. 27).

En los penales federales2, se reconoce el efecto de la política antidrogas de la administración pasada3 (Felipe Calderón, 2006-2012): del total de la población recluida, casi el 60 % fue ingresado (2006-2012) por motivos relacionados con delitos contra la salud (drogas) (Tabla 1).

Este incremento en la población penitenciaria ha minado las capacidades de control del estado mexicano, pone en duda la política de rehabilitación social, muestra las contrariedades de la política criminal y sobre todo desvela la incapacidad de las autoridades, sea por omisión, incapacidad o contubernio, en la aplicación de la ley al interior de los penales. Hecho que ha desatado una crisis al interior de los penales.

El sistema penitenciario mexicano se divide, básicamente, en dos4. En el primer caso se ubican los Centros de Readaptación Social (CERESOS) dependientes de los gobiernos estatales, a ellos se remite población por delitos del fuero común. En el segundo caso se encuentran los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) dependientes del gobierno federal, su población se compone de los delincuentes “más peligrosos” o aquellos que han cometido ilícitos concernientes al fuero federal y son catalogados como penales de máxima seguridad. A pesar de que en cada sistema se enfrentan problemáticas particulares, en ambos la situación es crítica.

De otro lado, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2012 (2013) advierte la descomposición del sistema penitenciario; el diagnóstico es una evaluación (en una escala de 0 a 10) basada en visitas a los centros penitenciarios donde se miden: los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos. En el caso de los CERESOS la media nacional es apenas aprobatoria con un puntaje de 6.32; no obstante, en materia de gobernabilidad los CERESOS se encuentran reprobados al alcanzar apenas una nota de 5.685. En los CEFERESOS su evaluación global fue de 6.74, mientras que en gobernabilidad alcanzaron una nota de 7.946.

En los penales estatales destaca su ingobernabilidad. Tan solo entre 2006 y 2012 se fugaron más de mil reos, siendo espectacular la evasión en un solo evento de 132 internos (Ramos, 2012). Más allá de que la ingobernabilidad permita la fuga, al interior de los penales ha posibilitado riñas masivas con decenas de muertos, siendo tristemente célebre la disputa por el penal de Ciudad Juárez, entre los Artistas Asesinos y los Mexicles (Villalpando y Miroslava, 2009), y la masacre en Topo Chico a manos de los Zetas con más de 50 muertos (La Jornada, 2016). Asimismo ha permitido que los centros de reclusión funjan como centros de operación de organizaciones criminales; información dada a conocer en 2016, determina que entre 2008 y 2012 el CEFERESO de Piedras Negras (Coahuila) sirvió como casa de seguridad de los Zetas, donde según información de la División de Policía Científica de la Policía Federal, se estima que en el periodo fueron torturadas, asesinadas y desintegradas en ácido más de 150 personas, además de usar las instalaciones como fábrica de ropa táctica y taller de modificación y hojalatería de vehículos de la organización (Ramos, 2016) .

Si bien es cierto que en los CEFERESOS están mejor evaluados y no enfrentan un problema de ingobernabilidad, sí se pueden documentar elementos que hablan de un deterioro, en especial si se considera que son los denominados penales de máxima seguridad. Desde inicio de milenio se han registrado dos fugas (2001 y 2015), siendo el evasor el mismo criminal (Joaquín Guzmán Loera), hecho que habla de complicidad e impunidad al más alto nivel.

El incremento de reclusos no solo tiene efectos para la institución penitenciaria, estos se enfatizan en la población encarcelada y en sus familias. Los individuos que han transitado por las prisiones se enfrentan a diversas consecuencias negativas y en ocasiones de efecto duradero como, por ejemplo: la disminución de oportunidades reales en la obtención de empleos, la dificultad en el acceso a programas sociales y erosionamiento de las relaciones sociales del individuo, incluyendo dificultades al emparejamiento.

En síntesis, la política de encarcelamiento masivo ha horadado las capacidades de las autoridades en el control de penales y ha hecho que la experiencia carcelaria se erija, en todos los sentidos, como un mecanismo reproductor de desigualdades, lo que muestra la poca utilidad del encarcelamiento como medida de control de la criminalidad. En oposición a ello, se requiere de un enfoque que trabaje con la población en riesgo de ser encarcelada, de tal modo que se pueda focalizar la atención a los factores que incrementen la probabilidad de detención con la intención de acortar carreras criminales, disminuir la presión en los penales y evitar los efectos duraderos en la población de haber experimentado el encarcelamiento. Así, el objetivo central del artículo será la identificación de los factores asociados al incremento a la probabilidad de la primera detención con base en criterios de significancia estadística, contribuyendo así al desvelamiento de los factores socioeconómicos que más impactan en la primera detención en población juvenil.

El aporte del texto no se restringe a la consolidación y desarrollo de una línea de generación de conocimiento a nivel regional, sino que, además, abona evidencia para el ulterior diseño de política pública, puesto que al reconocer los factores que más inciden se puede estar en la capacidad de diseñar programas de prevención temprana del delito que concentren su atención en poblaciones juveniles. Teóricamente la investigación se sustenta en los aportes de la criminología con orientación en el curso de vida, los datos provienen de la PEPICFRS y, a nivel metodológico, se trabaja con modelos de historia de eventos. La argumentación se divide del siguiente modo: en primer lugar se presenta el planteamiento general y las teorías explicativas; en segundo los datos a trabajar y la metodología; en tercero se muestran e interpretan los resultados; y, por último, se discuten los hallazgos globales y se indican las fortalezas, debilidades y futuras líneas de investigación.

2. Planteamiento

La academia mexicana ha trabajado la política de encarcelamiento masivo (Bergman y Azaola,2007), las condiciones de vida en las prisiones (Bergman y Azaola, 2007), el desempeño institucional (Bergman, et al., 2014), las características del delincuente (Vilalta y Fondevila, 2013) y muy recientemente, desde una óptica interdisciplinar se analizan las instituciones penales desde la percepción que los reclusos tienen de ellas (Pérez, 2015). Sin embargo, no se ha tratado en suficiencia los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que los jóvenes se involucren en actividades delictivas, lo que ulteriormente podría derivar en la primera detención; en ese sentido, solo existe una investigación (para población reclusa en Jalisco), con enfoque etiológico del delincuente, su principal hallazgo es que el:

Proceso de crianza de estas familias monoparentales es caracterizadas por la desconfirmación de las figuras parentales entre sí, la autoridad permisiva, la falta de acompañamiento en la toma de decisiones, la incursión de los hijos en una temprana edad, el abandono de la escuela, el relacionarse con pares consumidores de drogas. (Estrada et al, 2015, p. 125)

Estrada et al, encontraron que la mayor parte de los factores asociados a la generación del delincuente se encuentran en la infancia, en especial en individuos con trayectorias personales marcadas por malos modelos parentales y con fuerte influencia de grupos de socialización directa (entorno escolar y vecindarios), así como con bajo desempeño escolar. Esto fue posible debido a que metodológicamente adoptaron un enfoque de curso de vida, Modelos Cox, en el análisis del comportamiento criminal. Para la criminología, el curso de vida se define como:

Campo de estudio que explora los cambios en la conducta del individuo ofensor basados en la edad. Es distinto de otros campos de estudio relacionados por su enfoque conceptual en crimen y conductas antisociales a lo largo de la vida […] y es caracterizado por un enfoque metodológico que involucre una exploración longitudinal de las etapas y transiciones clave a lo largo del curso de vida. (Mac Ara, et al, 2012, p. 532)

Así, el curso de vida adopta “el curso de vida ayuda a visualizar al individuo desde una lectura temporal, esto es desvelar si la conducta de este se mantiene estable o si cambia en el tiempo y cómo es que cambia” (Cullen y Wilcox, 2012, p. 511). En ese sentido parten del efecto edad,7 donde los criminólogos sostienen que:

El inicio de la conducta criminal inicia rápidamente durante la infancia tardía y la adolescencia temprana, entre los 10 y los 14 años. La prevalencia de involucramiento criminal alcanza su cúspide durante la adolescencia media y tardía, entre las edades de 16 y 17. Siguiendo la cúspide, hay un rápido descenso en las ofensas en el comportamiento criminal cerca de los 20 años para la mayoría de los ofensores. (Thornberry, 2004, p.1)

A diferencia de parte importante de la criminología del siglo XX que “asume que la mayoría de los jóvenes llegan a la juventud en ‘blanco’, etapa en la cual se conforma o son animados o se les permite romper la ley” (Cullen, Benson y Makarios, 2012, p.25), el curso de vida pone al centro aquellos eventos que modelan el comportamiento antisocial y que, eventualmente, incrementan la probabilidad hacia la comisión de delitos en la juventud. Así, las innovaciones del enfoque para la criminología sugieren que la mayoría de las teorías previas son limitadas, por no decir incorrectas, pues “hacen a un lado importantes factores de riesgo en otras etapas de la vida [como la niñez] para proveer un entendimiento completo del trabajo criminal. En segundo lugar, estas ideas crearon nuevas oportunidades para pensar cómo prevenir el delito” (Cullen, Benson y Makarios, 2012, p.25).

Bajo esta tesitura, el curso de vida puede indagar en las raíces de la conducta criminal, en específico en los primeros años de vida del individuo. Para ello apela al análisis del contexto familiar, el rol del grupo de pares en la socialización de jóvenes e infantes, el peso del entorno escolar, así como en las dinámicas comunitarias. Por otro lado, y siempre y cuando se tengan los instrumentos de medición pertinentes, puede develar los factores asociados a la continuación o desistencia de carreras criminales, así como en los posibles efectos de la encarcelación en el individuo (Cullen, Benson y Makarios, 2012, p.25); lo que le convierte no solo en una interesante línea de investigación, sino también en un poderoso y útil elemento para la generación de políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria.

Para David Farrington son tres las principales preocupaciones del enfoque: (1) el desarrollo de ofensas y conductas antisociales del vientre a la tumba; (2) la influencia de factores de riesgo y protectores en diferentes edades; (3) los efectos de los eventos de vida en el curso del desarrollo. Así, la agenda básica del enfoque de curso de vida en criminología se constituye por:

  • Prevalencia: determinación etiológica entre delincuentes y no delincuentes
  • Inicio de la carrera criminal: muestra los factores asociados al inicio de carreras delictivas.
  • Duración y escalación en la comisión de actos delictivos.
  • Desistencia: muestra los factores de protección (matrimonio, trabajo, servicio militar, etc.) que permiten el abandono de las carreras criminales.

Así, y tomando en cuenta la escasez de estudios que muestren los factores asociados a la etiología de las personas que cometen delito en México, se determina como objetivo general mostrar los factores de riesgo8 que incrementan la probabilidad de ser detenido siendo menor de edad.

3. Teorías explicativas

La investigación que da inicio al curso de vida en criminología es el trabajo del matrimonio Glueck, con levantamientos en la ciudad de Boston entre 1949 y 1963 obtuvieron una muestra de 1000 individuos (500 criminales y 500 no criminales); con ello sentaron las bases del enfoque y determinaron; (1) los factores de riesgo asociados al inicio de las carrera criminal vía un estudio panel; (2) establecieron que los patrones antisociales de la temprana infancia son posibles predictores de conducta criminal futura; (3) los delincuentes no solo están modelados por sus circunstancias, sino que estos a su vez modelan su mundo (MacAra, 2012).

A pesar de la rigurosidad del estudio, fue acusado de empirismo a ultranza9; sin embargo, sentó las bases de las siguientes teorías:

  • Age Graded Theory: es un re-análisis del trabajo de los Glueck realizado por Sampson y Laub. Su propuesta hace patente el rol de la agencia humana y el papel del control social informal. Retoma elementos del trabajo de la teoría del vínculo social, por tanto, individuos con mayor apego a la sociedad convencional, con actividades estructuradas y compromisos con las instituciones (desde la familia, el trabajo, y el estado) tendrán una menor propensión a involucrarse en actos delictivos, puesto que estos tendrán, a su vez, un mayor control social informal de los individuos con los que se rodean.
  • Interactional Theory: con planteamientos similares a los de Sampson y Laub; sin embargo, toma en consideración los factores estructurales que modelan las condiciones de los individuos. Además de retomar el efecto recíproco entre delincuencia y vínculos sociales débiles, plantea que “la delincuencia es parte de una cadena causal más grande, afectada por factores sociales, pero también afectando el desarrollo de aquellos factores sociales a lo largo del tiempo”. (MacAra, 2012, p. 544)
  • Integrated Cognitive Antisocial Potential Theory: como un ejercicio de integración teórica, David Farrington retoma elementos de distintas teorías criminológicas (incluso biológicas) para postular que la generación del delincuente es por una sola vía y que existen diferencias entre individuos criminales y al interior de los mismos individuos. Concentra su análisis en los factores de riesgo en la infancia y su principal postulado es que tanto el delito, como las adicciones y las conductas antisociales y violentas son parte de un mismo constructo llamado potencial antisocial.

A pesar de ser constructos teóricos disimiles con mecanismos particulares, en su conjunto comparten el énfasis en señalar como variables de relevancia teórica los malos modelos parentales, bajo desempeño escolar e influencia del grupo de pares. La principal crítica al enfoque, y por ende a las teorías, es la sobredeterminación del individuo y la negación de la agencia humana. Por otro lado, y sobre todo por su utilidad en el diseño de programas de prevención del delito, se les acusa de obviar discusiones centrales y de tipo socioeconómicas y políticas de corte estructural (patrón de acumulación de capital, ciclos económicos, etc.) y centrar su atención en aspectos muy concretos.

A pesar del poder analítico del curso de vida los estudios desarrollados bajo tal perspectiva son escasos por los altos costos en la recolección de información, puesto que esta se levanta en distintos puntos en el tiempo, lo que eleva aún más los costos. Así, la existencia de investigaciones que prueben la pertinencia de tal o cual argumento teórico son limitadas ya que para ello se requiere el diseño de instrumentos de medición ex profeso. Ante esta situación presento y comento la fuente de datos acentuando la elección de variables a trabajar; mismas que no son estrictamente indicativas de un posicionamiento teórico en particular, no obstante, forman parte de las características compartidas entre ellas, a saber, variables: familiares, socio demográficas, escolares y relativas a violencia.

4. Datos y metodología

La fuente de información es la Primer Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (PEPICFRS)10 realizada por el Centro de Investigaciones y Docencia en Economía en el año 2012, y se levantó en ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO)11. El universo de la encuesta es de 8089 reos, obteniendo un total de 821 observaciones12. El levantamiento de información se ponderó con base en los criterios de: complejo penitenciario y el sexo de los encuestados13. La información se levantó entre el 18 de junio y el 9 de julio de 2012.

Con la PEPICFRS se recabó información “sobre el funcionamiento del sistema penal desde la detención hasta el recibimiento de una sentencia y posterior compurgación de la pena” (Pérez-Correa, 2015, p.25). Con esta información se puede conocer “a las autoridades que actualmente operan el sistema de justicia penal” (Pérez-Correa, 2015, p. 19) desde la perspectiva de los internos; mostrando así las condiciones de vida penitenciaria, los procedimientos judiciales, las circunstancias previas a la comisión del delito y el curso de visa de los internos.

Para este último caso, los datos presentan un sesgo, pues por un lado se captura información de población que ya está encarcelada, y, por el otro, porque la muestra no permite diferenciar entre grupos de delincuentes y no delincuentes, lo que hace que al estimar modelos sobre los factores asociados a la detención de menores de edad se esté trabajando con individuos con trayectorias criminales recurrentes, en escalación y de larga duración. A esto se añade la limitante de ser un levantamiento transversal retrospectivo; así, se trabaja con un solo levantamiento de información14 y con individuos con trayectorias criminales que, en algunos casos, incluyen varias experiencias carcelarias.

Si bien es cierto que la selección de variables independientes para probar el objetivo de investigación no corresponde a una prueba puntual de las teorías explicativas glosadas en la sección previa, el grupo de variables que se incorporan sí pertenecen a las variables compartidas por las distintas teorías: contexto familiar, sociodemográficas, escolares y relativas a violencia. En la Tabla 2 se presentan las variables independientes con las que se trabajará así como un análisis descriptivo; adicionalmente se creó un índice de consumo de drogas (tetracórico) por el método de componentes principales15. Por otro lado, se pensó en incorporar variables que captaran efectos estructurales; sin embargo, no se pudo construir puesto que las variables cohorte y región de seguridad16 son solo válidas para la detención actual, no así para la primera detención siendo menores de edad. Asimismo, se tenía contemplado incluir si en algún momento habían pertenecido a las fuerzas armadas17 o instituciones de seguridad; no obstante, esto solo es posible para mayores de edad, por tanto, se descartó.

La variable dependiente es si el entrevistado siendo menor de edad fue detenido (Tabla 3) y la variable duración se refiere a qué edad fue detenido (Tabla 4). Por otro lado, la dependiente tuvo que ser tratada (por truncamiento), pues en el caso en que los entrevistados no hubiesen sido detenidos siendo menores de edad se les mandaba a perdidos; al no tener información sobre detención se les imputó la edad de 18 años en todos los casos, por tanto a estos casos se les asignó el valor 0 (ausencia de detención). La segmentación en tramos de edad se realizó con base en el análisis de frecuencias y en la revisión bibliográfica (Thornberry, 2004), así se construyeron cuatro segmentos: el primero entre las edades de 8-11; el segundo para 12-14; el tercero entre 15 y 16, y el último para 17-18 años. En todas las variables los “no sabe” y “no contestó” fueron mandados a perdidos. En varios casos hubo recodificación.

Metodológicamente se recurre a la historia de eventos, esto es el análisis de eventos que marcan la trayectoria de vida de un individuo. Esta metodología es particularmente útil en la demografía, donde se estudia la ocurrencia de los eventos que, eventualmente, pueden indicar transiciones en la vida; por ejemplo, se analizan los eventos de matrimonio, fin de escolaridad, ingreso al primer trabajo y nacimiento del primer hijo, como los elementos clave que marcan la transición a la vida adulta.

Una de las particularidades de la historia de eventos es la introducción del tiempo bajo el concepto de duración. La idea es observar la presencia del evento de interés y mostrar el rango de edades de ocurrencia. El rango constituye las cotas en las cuales la población en estudio se encuentra expuesta al riesgo de experimentar el evento, mientras que la segmentación en tramos de edad consiste en la identificación del grupo de edades donde los individuos muestran una mayor exposición al riesgo. Para el presente artículo la duración va de los 8 a los 18 años18, es decir que en ese rango los individuos de la muestra estuvieron expuestos al riesgo de ser detenidos. Con la variable dependiente y con la de duración se crea una variable dependiente conjunta; para hacer esto posible se tiene que transformar la estructura de la base de datos bajo el término de años persona, esto permite que en cada observación se capture la duración del evento, así se pasa de una base de datos con 102 observaciones (los individuos que experimentaron la detención siendo menores de edad) a una base transformada con 7117 observaciones.

Con los datos listos se procede a un análisis descriptivo por medio de una tabla de supervivencia (Tabla 5). Esta muestra el desarrollo de eventos a lo largo de la duración. En la columna deaths se indica el número de individuos que experimentaron el evento en la edad respectiva, mientras que en la de survival se indica la proporción de individuos del total de la muestra que no fueron detenidos; así se observa que hasta los 18 años el 88 % de los individuos de la muestra no experimentaron el evento de la detención siendo menores de edad.

Por la naturaleza del objeto de investigación se ajustó un modelo de regresión logístico de tiempo discreto. Esto es un modelo que toma en cuenta la detención y la edad en que esta ocurrió. La fórmula de cálculo es:

Dónde α es la constante y B1 el coeficiente de la variable X1. Al no ser la prueba de una teoría en específico, por las limitaciones de los fuentes de información, la estrategia de ajuste del modelo de regresión es bajo el método de eliminación progresiva, esto es que se parte de un modelo con todas las variables y se van eliminando variables, a cada paso se analiza su bondad de ajuste (BIC, pr2 y chi2) para quedarse finalmente con las variables que presentan el mayor bondad de ajuste19. Así, y a pesar de tener variables de marcado interés teórico, como escolaridad20 y trabajo de la madre, estas no se incorporaron en el modelo final en función a los criterios de ajuste del modelo, puesto que son menos significativas en su influencia sobre la variable dependiente. En la tabla 6 se presenta el modelo final.

5. Resultados

Los resultados se interpretan transformados por razones de momios (RM). En primer lugar, se observa que en todos los tramos de edad definidos hay significancia estadística. El segundo tramo muestra un incremento de más del 900 % (RM = 10.50) de ser detenido frente al primero; en el tercero, y consistente con la literatura, es el de mayor interés, pues es donde se concentra el inicio de trayectorias criminales, el incremento es de una razón de momios de 27.79 frente a primer tramo; mientras que, en el último, la razón de momios es de 16.71. Todo lo anterior indica que existe una mayor propensión en el tercer tramo, es decir que existe una mayor probabilidad de ser detenido entre los 15 y los 16 años que frente aquellos que se encuentran entre los 8 y los 11 años.

En segundo lugar, y también consistente con la literatura, se observa que las mujeres tienen un 75 % menor propensión a ser detenidas (RM = .2535) frente a los hombres. Sin embargo, el nivel de significancia estadística no se puede fijar en .05 (puesto que supera el umbral), sino en .10. El evento de irse de casa antes de los 15 años no es estadísticamente significativo. La variable de transmisión de conductas delictivas inter generacionalmente es estadísticamente significativa y consistente con la bibliografía especializada. Así, no tener familiares en prisión disminuye en 42 % (RM = .58) la propensión a ser detenido siendo menor de edad, frente a los que sí tienen familiares presos.

La variable de índice consumo de drogas es la más interesante del modelo. Esta muestra que por incremento unitario en los valores del índice los momios estimados de ser detenido siendo menor de edad en cualquier duración se incrementan en poco más del 360 % (RM = 4.65). Este resultado refleja, más allá de la importancia del consumo de drogas, procesos subyacentes al consumo mismo; de hecho, haciendo distintas pruebas exploratorias con variables que presentaban significancia estadística (como consumo de drogas y alcohol por los padres, irse de casa, etc.) pierden toda significancia una vez introducido este índice.

Por último, la variable de golpes muestra significancia, no obstante, los resultados son contra intuitivos y contradicen a la investigación previa. Así, haber recibido golpes habitualmente en la infancia disminuye en poco más del 48 % (RM=.517), frente a los que no recibieron golpes, la propensión a ser detenido siendo menor de edad. Los resultados pueden estar reproduciendo los sesgos detectados en la fuente de información, pues no hay que olvidar que lo que se está examinando es la primera detención siendo menores de edad de individuos con trayectorias criminales de larga duración y en escalación.

6. Discusión

En primer lugar, se tienen que señalar las limitaciones del estudio. Como se comentó con anterioridad las estimaciones presentan algunos sesgos, ya que se trabajó con información de individuos con trayectorias criminales en escalación y de larga duración, además de no contar con un grupo de comparación que no presentará comportamientos delictivos. Aun así, los resultados muestran consistencia con la literatura criminológica de curso de vida.

El hecho que destaca en mayor medida es el coeficiente arrojado por el índice de consumo de drogas integrado por mariguana, thiner, meta anfetaminas y otras drogas. Como se puede observar, el tipo de drogas son ilegales y de bajo costo21, lo cual sugiere, por un lado, situaciones de descomposición familiar en la medida en que los jóvenes buscan alternativas de evasión, y por el otro y quizá más importante, el peso del grupo de pares en el consumo, pues el acceso a estas requiere el conocimiento de amigos y redes que les puedan proporcionar, lo cual, a su vez, implicaría un argumento a favor de la teoría de asociación diferencial. Como estrategia de investigación se podría pensar que, una vez hecha la combinación lineal de consumo de drogas, el índice de consumo se podría utilizar como variable dependiente y ajustar un modelo de regresión lineal para indagar sobre los factores asociados al consumo de drogas en jóvenes infractores.

La importancia de los valores del índice de drogas puede ser, a su vez, endógenos con la primera detención de menores de edad. Esto supondría que tanto la delincuencia, como el consumo de drogas y las conductas antisociales forman parte de un proceso latente, hecho que confirmaría los postulados de David Farrington, el cual sostiene que estos fenómenos se pueden integrar en un índice de potencial antisocial.

Otro resultado que merece discutirse es la transmisión intergeneracional de la violencia y delincuencia. En ese sentido tener familiares presos influye en la propensión a ser detenido, lo cual, a su vez, es indicativo de ausencia de supervisión de los niños y jóvenes pues los padres están presos, por un lado, y por el otro, muestra el mecanismo reproductor de desigualdad en que se ha constituido la institución penal, pues los efectos de esta no se limitan a la disminución de oportunidades en el individuo (obtención de empleo, acceso a créditos, etc.) una vez liberado, sino también a la transmisión de estos a nivel intergeneracional.

El hallazgo contra intuitivo de que sufrir golpes en la infancia existirá una menor propensión a ser detenido frente aquellos que no experimentaron golpes en la infancia. Como ya lo he comentado, el resultado puede ser por las trayectorias muy particulares que la población encuestada presenta (nunca perder de vista que son internos de penales de máxima seguridad) y por otra lado, y tal como lo comenta el equipo de investigación que levantó y analizó la información, (Pérez, 2015) se debe tener presente que es una encuesta de percepción; de hecho comentan que la información puede llegar a presentar sesgos pues los entrevistados pueden sub reportar y sobre reportar violaciones debido al proceso judicial en curso.

Asimismo, se considera necesario la estimación de un modelo que pueda desvelar las características asociadas a la detención actual, de tal modo que se pueda captar la política antidrogas de los últimos nueve años, y probar desde variables estructurales hasta factores de riesgo presentes en la infancia.

Por último, los resultados del estudio pueden ser aporte útil al diseño de la política pública basada en evidencia. En términos prácticos la identificación del consumo de drogas como factor asociado a la detención es un dato clave a incorporar en los programas de prevención del delito a edades temprana. Por otro lado, la significancia estadística de la variable de presos en la familia indica la importancia no solo de programas de prevención temprana, sino, también, la imperante necesidad de trabajar en la reinserción social real de los individuos que han sufrido la experiencia carcelaria, esto es trabajar directamente en la prevención terciaria con líneas de acción como recepción comunitaria para la reinserción, otorgamiento de créditos, facilidades laborales, etc.

Los hallazgos son sugerentes a pesar de las debilidades detectadas. La promoción de programas de investigación en criminología basada en curso de vida a lo largo de la región serviría no solo como impulso a la generación de conocimiento, sino que además brindaría elementos sustantivos para enfrentar el incremento de la criminalidad desde otras vías más allá de las del despliegue del aparato de seguridad estatal, esto es con la aplicación de programas que puedan prevenir la comisión de delitos.

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1 Todo lo anterior ha suscitado alarma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en 2011 adoptar las “medidas necesarias para asegurarse de que las personas privadas de libertad sean recluidas en condiciones dignas y congruentes con el principio de trato humano. En particular, insistió en adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar el hacinamiento humano”. (PNUD, 2012, p.125)

2 Se remite a población por delitos del fuero federal (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, portación de arma exclusiva del Ejército, etc.) y por sobre cupo en penales estatales.

3 Consistió en la intervención del Ejército, la Marina y la Policía Federal en actividades en contra de las organizaciones traficantes de droga. Entre sus efectos más visibles no solo se encuentra el incremento de la población penitenciaria, sino también el escalamiento de la tasa nacional de homicidio intencional alcanzando su punto álgido en 2011 con 23.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un análisis detallado de la política antidrogas de la administración pasada se puede consultar en: Astorga, L. (2015), ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad de México: Grijalbo.

4 No se toma en cuenta el sistema penitenciario de las Fuerzas Armadas.

5 De 101 penales visitados en 64 se presentan fuertes problemas de gobernabilidad, hablando incluso de auto gobierno. En algunos casos la Comisión no pudo ingresar a los penales arguyendo que no había condiciones.

6 De los diecisiete CEFERESOS visitados en ninguno de ellos se reprobó el factor de gobernabilidad.

7 Uno de los pocos postulados compartidos por la mayoría de los criminólogos es el efecto edad. El pionero en analizar las curvas de edad en delincuentes es el astrónomo belga Adolfo Quetelet en 1831.

8 Analíticamente los factores de riesgo son producto de la investigación panel entre delincuentes y no delincuentes. En general se definen como “características adversas o conductas identificadas en un punto previo al inicio de un resultado particular” (MacAra, 2012, p. 540).

9 En específico por el teórico de la asociación diferencial: Edwin Sutherland.

10 Tuvo como referente una encuesta similar levantada en penales del Distrito Federal en los años 2002, 2005 y 2009.

11 Los CEFERESOS son: Altiplano, Occidente, Norponiente, Morelos, Islas Marías (Morelos, Laguna del Toro, Aserradero, Bugambilias y Rehilete)

12 Todos ellos aceptaron voluntariamente su participación y siendo ya sentenciados.

13 A pesar de ello, la base de datos no cuenta ni con ponderador ni con factor de expansión.

14 No con un seguimiento detallado de individuos a lo largo del tiempo, tal y como lo hacen los estudios clásicos y con amplío apoyo financiero.

15 Originalmente se tenían: mariguana, thiner, alcohol, cigarro, heroína, meta-anfetaminas, cocaína y otras drogas. Con base en el análisis de los valores KMO se obtuvo un índice con mariguana, thiner, meta-anfetaminas y otras drogas con valores .6361, .6406, .8372 y .7014, respectivamente. Es relevante señalar que las sustancias que integran el índice son ilegales y de bajo costo.

16 El país se encuentra dividido en cinco regiones de seguridad integradas por distintas entidades federativas.

17 Acorde a la bibliografía norteamericana, el enlistamiento militar representa un punto de quiebre en las trayectorias criminales. Para el caso mexicano sería pertinente probar en función a la dirección del coeficiente, ya que tanto el ejército como las policías forman parte del problema de inseguridad. Esto permitiría saber si las instituciones de seguridad tienen efecto criminogénicos o no.

18 Esto es puesto que a los 8 años se registró el primer detenido y en los 18 años se deja de ser menor de edad.

19 Se corrió un modelo nulo y un modelo con interacción con los tramos de edad y el índice propuesto. Los valores no fueron significativos, lo cual muestra que se cumple el supuesto de momios proporcionales.

20 Se intentó recodificar de distintos modos.

21 El consumo de cocaína no discrimina debido a que en el instrumento se preguntó en un solo ítem si consumían cocaína o crack, como si estos fuesen los mismo.

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